El Grupo de Profesionales de la Aviación (GPA) advirtió sobre posibles pendientes relacionados con personal especializado, presupuesto y capacidades de vigilancia dentro de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), tras la evaluación realizada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) bajo el Programa Internacional de Evaluación de la Seguridad Aérea (IASA).
En un boletín difundido durante la evaluación, el organismo señaló que el proceso no tiene como objetivo calificar individualmente a las aerolíneas mexicanas, sino determinar si el Estado cuenta con la capacidad necesaria para regular, certificar y supervisar adecuadamente la seguridad operacional de su sistema de aviación civil.
La propia FAA establece que el programa IASA analiza precisamente la capacidad de la autoridad aeronáutica de un país y no la seguridad de una aerolínea en particular. Para ello considera ocho elementos críticos definidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), entre ellos legislación y regulación aeronáutica, organización de la autoridad, cualificación del personal técnico, procedimientos de certificación, vigilancia continua y capacidad para resolver deficiencias de seguridad.
GPA señala retos en personal y recursos
En su análisis, el GPA sostuvo que entre los principales retos que aún enfrenta la AFAC se encuentran la insuficiencia de personal competente, la disponibilidad de presupuesto y la falta de un sistema de vigilancia y control en tiempo real, factores que, a consideración del grupo, podrían influir en la evaluación realizada por la autoridad estadounidense.
El organismo destacó además que, dentro de una evaluación IASA, no es suficiente disponer de leyes, reglamentos o manuales, sino que la autoridad debe demostrar mediante expedientes y evidencia que los procedimientos de supervisión se aplican efectivamente y producen resultados verificables.
Estas observaciones corresponden al análisis del GPA y no constituyen hasta ahora hallazgos oficiales de la FAA sobre la evaluación de 2026.
Por su parte, la AFAC informó que la revisión se desarrolló del 10 al 14 de agosto, periodo durante el cual atendió los cuestionamientos de los auditores estadounidenses y presentó las evidencias técnicas solicitadas. La autoridad mexicana señaló que, concluida esta etapa, prevé recibir el informe final de la FAA en un plazo de hasta 60 días, documento en el que se conocerá formalmente el resultado del proceso.
México recuperó la Categoría 1 en 2023
México fue degradado a Categoría 2 en mayo de 2021, después de que la FAA identificara áreas de incumplimiento con los estándares mínimos de supervisión establecidos por la OACI. En ese momento, la autoridad estadounidense explicó que una clasificación de este tipo puede estar relacionada con deficiencias en aspectos como experiencia técnica, capacitación del personal, registros, procedimientos de inspección o resolución de problemas de seguridad.
Después de más de dos años de trabajo entre ambas autoridades y de un proceso de asistencia técnica proporcionado por Estados Unidos, la FAA devolvió a México la Categoría 1 el 14 de septiembre de 2023, lo que permitió nuevamente a las aerolíneas mexicanas incorporar nuevos servicios hacia Estados Unidos y restablecer determinadas operaciones de código compartido con compañías estadounidenses.
Actualmente, la evaluación de 2026 busca determinar si México continúa cumpliendo con los estándares internacionales necesarios para conservar esa clasificación.
Una Categoría 1 significa que la autoridad de aviación civil cumple con los estándares de supervisión establecidos por la OACI. En contraste, una Categoría 2 indica que el país no demostró una supervisión conforme a esos estándares. Para países que ya cuentan con operaciones hacia Estados Unidos, los servicios existentes pueden continuar en los niveles autorizados, pero bajo una mayor vigilancia de la FAA, mientras que la expansión o modificación de servicios queda restringida.
Por ahora, la conclusión de las reuniones entre la AFAC y la FAA no significa que México haya aprobado la evaluación ni que exista una determinación para modificar su categoría. El resultado dependerá del análisis que realice la autoridad estadounidense sobre la documentación y las evidencias presentadas durante el proceso.