La dependencia que encabeza Jorge Arganis Díaz Leal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó el título de concesión del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), por un periodo de 50 años el cual puede ser ampliado hasta por un plazo similar.
La empresa de participación estatal mayoritaria Aeropuerto Felipe Ángeles, S.A. de C.V. de la cual SEDENA posee el 99% “acreditó tener las capacidades jurídica, técnica, administrativa y financiera necesarias para ser titular de la concesión y ejercer los derechos y obligaciones establecidas en la presente concesión, así como los supuestos previstos en el artículo 10 Bis de la Ley de Aeropuertos”.
Dentro del documento, en la sección de regulación tarifaria, se especifica que, “por decisión presidencial”, la empresa que opere la terminal aérea podrá cobrar las tarifas de servicios que le sean autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por los servicios que ofrezca.
Adicionalmente, en función del título de concesión otorgado, el aeropuerto Felipe Ángeles podrá iniciar operaciones “una vez que, además de haber cubierto los requisitos previstos para tal efecto, la SCT le haya otorgado la aprobación de diversos elementos, entre ellos: aviso de la terminación de la obra; programa maestro de desarrollo (el cual deberá incluir el programa indicativo de inversiones), reglas de operación contenidas en el manual general de operación, el comité de operación y horarios y la notificación oportuna de los integrantes del consejo de administración y del administrador aeroportuario”.
Así mismo el documento especifica que el gobierno federal no otorga garantía concesionaria (Aeropuerto Felipe Ángeles, S.A. de C.V. de), sobre el rendimiento económico y financiero de la terminal aérea por el otorgamiento de dicho título de concesión y, en su caso, por las bases de regulación tarifaria que en lo futuro establezcan. La concesionaria, con la aceptación de esta concesión, asume todos los riesgos inherentes a la operación y rendimiento económico y financiero en la prestación de los servicios.
Finalmente, se especifica que la empresa de participación estatal también deberá pagar al Gobierno Federal las contraprestaciones que fijó la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios, de la Subsecretaría de Ingresos, de SHCP, en los términos del oficio 349-B-364, del 19 de julio del 2021, el cual no se hizo público.
Con información de El Economista
