A través de un comunicado, la Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO), alerta a los pasajeros, empleados y autoridades, sobre la amenaza que representa la iniciativa que busca reformar la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos, para permitir que aerolíneas de otros países realicen cabotaje, es decir vuelos entre dos destinos del territorio nacional.
De acuerdo a la CANAERO, en caso de ser aprobada la iniciativa que ha sido turnada a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes, Economía e Infraestructura de la Cámara de Diputados, afectará grave e históricamente a los mexicanos, ya que carece de sustento legal, análisis de prácticas internacionales, estudios, estadísticas, participación de expertos y en resumen, no contiene elementos serios y fundados que demuestren beneficio público para los mexicanos. Ignorándose la existencia de grandes fuentes de información y experiencia como la propia Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo (ALTA) y la propia CANAERO, entre otras.
En el comunicado, se explica que la iniciativa ignora la relevancia del sector aéreo, ya que más del 93% de los ingresos por turismo de internación provienen de viajeros que se trasladan por aire y más del 70% de ellos lo hicieron en aerolíneas extranjeras. Por lo que hay suficiente competencia y no hay temor a ella, sino a las decisiones que debilitan al sector aéreo nacional. De acuerdo a la Cámara, las aerolíneas extranjeras no son el enemigo, ya que impulsan a la competencia y casi 70 de ellas tienen presencia en los principales destinos de nuestro país.
Casi el 80% de los pasajeros que se movieron en México el año pasado se concentraron en siete aeropuertos: AICM, Cancún, Guadalajara, Los Cabos, Monterrey, Puerto Vallarta y Tijuana. Si se permite a empresas extranjeras operar vuelos domésticos, estas necesitarían atender las rutas más rentables, bajando quizá sus precios inicialmente y después, una vez depredadas las aerolíneas nacionales, tendrían el control de las rutas y fijarían altos precios para recuperar las pérdidas que les haya generado su ingreso, y cuando en sus países de origen experimentan adversidades, abandonan las rutas internacionales para proteger las de sus naciones, desconectando por completo los destinos donde hacían cabotaje. Esa experiencia ya la vivieron otros países, pero en la iniciativa que se discute en el Congreso, no se analizaron antecedentes.
Las aerolíneas de México conectan destinos con poco o nulo beneficio económico, pero las mantienen gracias a sus operaciones rentables dentro y fuera del país. Si las líneas aéreas de México pierden las rutas de alto volumen, desconectarán los destinos menos atractivos, dejando incomunicadas múltiples regiones. El riesgo es su debilitamiento financiero y posterior quiebra. En los últimos años, más de una decena de aerolíneas desaparecieron en México, dos de ellas en el presente sexenio.
Además, la CANAERO comento sobre la necesidad urgente de disminuir los precios de las Tarifas de Uso de Aeropuerto (TUA) que cobran los aeropuertos mexicanos a los viajeros que siguen en aumento con la autorización del gobierno. La TUA ha llegado a representar hasta el 65% del costo total del boleto del avión en un vuelo doméstico.
La industria aérea genera 1.4 millones de empleos directos e indirectos en México. Debilitarla implica la desaparición de fuentes de trabajo, disminuir la recaudación de impuestos, desconectar destinos, ahuyentar la inversión local y extranjera.En resumen, provocaría la nueva crisis del sector aéreo, ya de por sí vulnerable por múltiples factores como el precio de la turbosina, la falta de una política de Estado, la pérdida de Categoría 1 de la autoridad aeronáutica, la falta de regulación inteligente, altos impuestos y cargos, entre otros factores, menciono la CANAERO a través de su comunicado.
Para finalizar, la CANAERO hizo el llamado, sobre la necesidad en México de una política de Estado, una autoridad aeronáutica fuerte, inversión en infraestructura, tecnología, procesos migratorios, aduanales, revisión de impuestos, derechos y otros cargos. Ya que, todo lo anterior sí representaría un auténtico beneficio a los mexicanos, el cabotaje no. Haciendo hincapié en que es fundamental que las autoridades consideren la participación de los expertos para procurar un desarrollo sostenible donde prevalezcan los argumentos e intereses legales, técnicos, sociales y económicos por encima de otros.