Por Ricardo J. Delpiano
En un escenario altamente previsible, por la acumulación de deudas y la mantención de distintos conflictos judiciales y comerciales con proveedores, trabajadores y usuarios, Latin American Wings (LAW) ha suspendido todas sus operaciones. Según la empresa, se trata de un “cese temporal” con el objetivo de reorganizarse como empresa, aunque por su situación actual, es altamente probable de prever una salida del mercado.
En una declaración, firmada por Andrés Dulcinelli, CEO de la empresa, LAW justifica el término de sus vuelos a una supuesta “guerra de precios” impuesta por “las grandes empresas de la industria aeronáutica”. Agrega que el cese de operaciones permitirá reestructurarse para “continuar operando bajo un nuevo modelo de negocio”.
La alusión a una supuesta “guerra de precios” por parte de LAW no es correcta dado que en Chile no existe esa figura. Lo que sí hay es una alta competencia entre distintos modelos de negocios de líneas aéreas. Tradicionalmente, una guerra tarifas está asociada a una política predatoria en la que dos o más competidores con similar modelo de negocios comienzan a disminuir sus precios estructurales, incluso por debajo del punto de equilibrio, con el fin de obtener el corto plazo una mayor participación, factores de ocupación o visualización en el mercado frente al resto. En respuesta, la competencia actúa de una manera similar reduciendo aún más sus precios y así, sucesivamente.
Generalmente este tipo de prácticas no son sostenibles en el tiempo y como consecuencia, terminan afectando a los operadores más débiles con la salida del mercado. Como se trata de una política agresiva, las bajas tarifas estructurales se traducen en menores ingresos que pueden a ser menores que los costos pudiendo comprometer aspectos sensibles como la seguridad del transporte o la situación interna.
El fin de las operaciones de LAW es consecuencia de su propia situación interna y la incapacidad para hacer frente a los compromisos pendientes con sus proveedores además de un resultado poco favorable que en menos de dos meses ha motivado dos reestructuraciones: primero la suspensión de los vuelos domésticos en Chile, y recientemente, el cierre de dos de sus rutas más atractivas como son Lima y Puerto Príncipe. Este último hecho prácticamente agravaba la situación de la empresa, anticipando un escenario poco favorable que se manifiesta con el cese de los vuelos.
LAW pone fin a sus vuelos en medio de fuertes polémicas. A las denuncias de los viajeros por las demoras, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos, que coparon las noticias asociadas a esta línea aérea durante enero y febrero, se agrega ahora los pasajeros varados en distintos aeropuertos, como Lima, Puerto Príncipe y Miami, destino que consiguió comercializar pero no operar, debido a que nunca pudo conseguir los permisos para volar a los Estados Unidos. En su defecto, los vuelos se realizaban con escala en La Romana, República Dominicana, en donde los pasajeros debían hacer tránsito y abordar un chárter de Xtra Airways.
La salida temporal o definitiva por parte de LAW no tendrá un impacto significativo en el mercado aéreo chileno debido a la escasa participación que esta línea aérea mantenía. Según datos de la Junta Aeronáutica Civil (JAC), la compañía encabezada por Andrés Dulcinelli, apenas mantenía una participación a enero de 2,0% en vuelos internacionales y de 0,3% en vuelos domésticos. El impacto más complejo si estará en los pasajeros afectados los cuales ven pocas probabilidades de recuperar sus dineros y probablemente deban incurrir en gastos adicionales para completar los traslados o retornos a sus respectivos lugares de origen.
“Esta suspensión temporal considera la cancelación de los vuelos que teníamos programados por itinerario. Reconocemos que ésta medida tendrá efectos sobre algunos de nuestros pasajeros y lamentamos profundamente los inconvenientes que se generarán”, especifica LAW.
Pese al complejo escenario que enfrenta, la ahora auto suspendida compañía confía en que será capaz de superar esta situación y que podrá iniciar una nueva etapa, aunque no especifica mecanismos para ello. Sólo hace referencia a un “modelo de negocios ajustado a los requerimientos del mercado”.
Desde sus inicios, LAW estuvo en la controversia, principalmente desde que medios de prensa asociaran las operaciones de la compañía al Caribe, con un supuesto tráfico de ciudadanos haitianos o como posibles impulsadores de una migración de naturales de ese país. Esta situación hace que genera un impacto permanente en la percepción de los viajeros chilenos, con quienes pudo generar lazos de confianza a pesar de ofrecer precios convenientes, un servicio completo dedicado y buenos horarios a varios de sus destinos. La baja ocupación que no superó más allá del 43,0% es sin duda el ejemplo más evidente de ese “castigo social”.
Pero más allá de la percepción o posible asociación con el tema migratorio, la crisis de LAW es la confluencia de varios factores. En las operaciones, está la falta de aviones para atender todos los itinerarios programados y la incapacidad para conseguir el material de vuelo inicialmente previsto. En temas comerciales, destacan temas relacionados con una supuesta falta planificación, un débil posicionamiento del mercado y una falta de atención con los clientes, que en su conjunto permiten inferir fallas en la comunicación interna.
Sin la posibilidad de generar ingresos, la venta de activos emerge como principal mecanismo de solución en la medida de lo posible, si no ocurre el ingreso de un inversionista adicional capaz de depositar confianza y recursos para salvar a la que alguna vez aspiró ser la nueva línea aérea legacy de Chile.